Tres menores demorados por falsas amenazas de bombas a las escuelas

Las amenazas de bombas en las escuelas, sobre todo secundarias, se han convertido en una pesadilla en las últimas semanas en el Gran Buenos Aires. Lo más sorprendenre es que las llamadas, en su mayor parte, son realizadas por alumnos para evitar tener clases.

En las últimas horas, tres chicos de 11, 13 y 17 años, junto con el padre de una menor, fueron demorados Policía de la provincia de Buenos Aires tras distintos operativos llevados a cabo en la zona oeste y sur del Conurbano por realizar falsas amenazas de bombas en escuelas.

Según fuentes policiales, en la zona de Moreno, Ituzaingó y Morón, a raíz de una investigación federal, se demoraron a los tres jóvenes por hacer al menos trece llamados.

Además, en los operativos realizados por efectivos de la DDI Morón, se secuestraron diez celulares, usados para cometer las amenazas.

El joven de 17 años está sospechado de hacer al menos cuatro falsas amenazas de bomba al colegio Jefferson de Ituzaingó Nº 562 de Moreno, aunque el chico va a otra escuela.

En tanto, el de 13, está imputado de hacer lo propio a los colegios J.B. Alberdi, de Santa Rosa (donde asiste), Arias de Castelar Norte y Colegio Americano.

“Tenemos verificado al menos siete amenazas”, dijo uno de los investigadores.

Por su parte, el chico de 11 habría llamado al menos dos veces a su propia escuela, que es la Escuela Técnica 2 de Moreno en esta causa que es llevada adelante por el Juzgado Federal N° 3 de Morón.

Los menores detenidos tras un allanamiento.

En la zona sur

En Quilmes, un hombre de 42 años, padre de una menor de 14 que habría usado el celular para realizar amenazas de bomba, fue demorado por la Policía de la provincia de Buenos Aires en el marco de una causa caratulada de “intimidación pública”.

El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la Comisaría Quinta de Quilmes, junto con la Policía Local y el grupo GAD, en una casa de Barrio Parque, sita en la calle Avenida de la Plata al 4700 de esa ciudad.

En el lugar se demoró al padre de una chica, quien aparentemente es la que usa el celular utilizado para llamar al Colegio San Clemente, ubicado en San Mauro entre 390 y 391 de Quilmes.

Además, los uniformados secuestraron el teléfono celular marca Iphone modelo S5 de color celeste, que sería el usado para hacer las llamadas. Interviene la UFI N°7 del Departamento Judicial de Quilmes.

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Ya advierten por una “catarata” de amparos en la Justicia contra Reforma Previsional

Ya sea mediante la sanción de la ley la semana que viene o por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la reforma previsional que busca aprobar el Gobierno provocará una catarata de reclamos y presentaciones judiciales. La Defensoría de la Tercera Edad ya prevé solicitar la inconstitucionalidad, mientras que la Fiscalía Especializada en Delitos de la Seguridad Social anticipa que habrá decenas de amparos.Caída la sesión de ayer en Diputados, durante largas horas se especuló con la firma de un DNU para avanzar sí o sí con la reforma impulsada por el Ejecutivo nacional. El decreto era un calco del proyecto del Gobierno, al que se le sumaba un bono para los jubilados que compensaría la pérdida con el cambio de la fórmula en la que se actualizan los haberes, en base a la inflación y la suba de los salarios formales.Ayer se especuló con que la reforma podría salir por decreto.Sea como sea, ya advierten por la catarata de presentaciones judiciales para reclamar la inconstitucionalidad de la reforma. Si es vía decreto, aseguran, sería aún peor, ya que es inconstitucional legislar la previsión social de ese modo. Pero si avanza en el Congreso –una fecha tentativa era el lunes próximo, aunque está sujeto a negociaciones con gobernadores peronistas–, también habrá vía libre a las presentaciones ante el Poder Judicial.El titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos de la Seguridad Social (UFISES), Gabriel De Vedia, explicó a BigBang que eso podría ocurrir porque la actualización que está en discusión es regresiva. “La Argentina suscribió a un convenio de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, que obliga a fijar políticas activas progresivas”, remarcó el fiscal.Por eso no descartó que pudiera haber una seguidilla de presentaciones. “Pueden venir muchos juicios”, señaló ante la consulta de este medio. El cálculo de la UFISES rondaba en torno a una pérdida mayor a los $ 600 por mes en la fórmula que prevé aplicar el Gobierno, siempre para el caso de las jubilaciones mínimas. “No me imagino denuncias penales, pero sí juicios en el juzgado de seguridad social”, agregó.La reforma previsional abarca a unas 17 millones de personas.De todos modos, otra fuente detalló que si es mediante un DNU sí es factible que se avance también en el fuero penal. De Vedia explicó que existe un “tratamiento desigual” con la reforma previsional, ya que quienes cobran las jubilaciones más alta no son alcanzados por la modificación.Por su parte, la Defensoría de la Tercera Edad ya anticipa presentar un reclamo contra la reforma por inconstitucional. “No se puede restringir derechos que tengan adquiridos los adultos mayores, estamos frente a una pérdida clara de derechos”, señaló a BigBang su titular, Eugenio Semino.Rubén Gioannini, dirigente de los jubilados, fue herido en la protesta de ayer.Una estrategia que no descartaban era presentarse en nombre de todo el sector, aunque Semino cree que además habrá múltiples presentaciones de particulares y organizaciones sociales. Ocurre que si bien no se cobra Tasa de Justicia, sí es necesario contar con un abogado, al que no todos tienen un acceso sencillo. “Cuando las cuestiones sociales se resuelven vía judicial, son injustas y desigualitarias, porque el acceso al Poder Judicial es muy poco y en los sectores medios y altos. El Congreso es abstracto, y la Justicia es concreta”, graficó un abogado experto en cuestiones previsionales.La reforma alcanza a unas 17 millones de personas, ya que no se trata únicamente de jubilados sino del sistema previsional en su totalidad. Esto abarca, además de jubilaciones, a las pensiones no contributivas, como veteranos de la guerra de Malvinas, entre otros; así como los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. “Los beneficios que paga ANSES son 17 millones. Todos son afectados”, remarcó Semino.Ayer hubo represión en los alrededores del Congreso, en pleno intento de debate parlamentario. Hasta el momento, más allá de algunas presentaciones, el único amparo que hubo fue el que impulsó la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que pidió a la Justicia que ordenara la suspensión de la sesión de ayer. El fiscal dictaminó que sí, aunque el juez, hasta este mediodía, aún no había dictaminado. Aunque el reclamo fue muy cuestionado, el amparo se basaba en el “peligro de un daño inminente”.

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